En el marco de una investigación previa, el 14 de mayo de 2024, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Napo, Pichincha y Orellana, donde detuvieron a 9 ciudadanos, que tenían vigentes boletas de detención con fines investigativos, y quienes presuntamente estarían vinculados a una organización delictiva dedicada al tráfico de combustible. Entre los detenidos se encuentran 7 servidores policiales en servicio activo.

Esta operación fue desarrollada como parte de las acciones enmarcadas en el Plan de Transformación Institucional, que tiene como objetivo depurar la corrupción dentro de las filas policiales. Es así que, luego de seis meses de investigación, agentes especializados obtuvieron información relevante acerca de una presunta red delictiva que operaba desde la provincia del Napo, aparentemente estaría vinculada al almacenamiento, transporte, y comercialización de productos hidrocarburíferos o sus derivados.

Según las investigaciones, esta estructura delictiva transportaba ilícitamente el combustible, desde el cantón Joya de los Sachas hasta una empresa dedicada a las actividades de minería en el sector de Yutzupino – Napo.

En este contexto, agentes del departamento de Conducta Policial en coordinación con Fiscalía, simultáneamente hicieron efectivas varias órdenes de allanamientos en donde fueron capturadas 9 personas con ordenes de detención con fines investigativos, entre ellos, 7 son servidores policiales. Durante las intervenciones, los uniformados encontraron los siguientes indicios: 12 teléfonos celulares, documentos, dinero en efectivo, 1 arma traumática, 1 CPU.

Es importante mencionar que, durante la intervención a la empresa minera, tres personas de nacionalidad china, quienes tenían boletas de detención, se ocultaron en una habitación que contaba un blindaje de seguridad, desde ese lugar realizaron varios disparos en contra de los servidores policiales, así mismo, al sitio llegaron aproximadamente 200 comuneros que impidieron que los uniformados den cumplimiento a la orden de allanamiento y detención.

En primera instancia, los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, en donde, los entes de justicia informaron que no podía realizarse audiencia de formulación de cargos ya que por el inconveniente suscitado con los ciudadanos chinos en la empresa minera, no se encontraban todos los implicados en este delito, es así que, el juez de anticorrupción dispuso la toma las versiones de cada uno de los detenidos y emitió las boletas de libertad con medidas cautelares dentro de un proceso investigativo.

De esta manera, la institución policial como parte de su plan de transformación y autodepuración combate sin tregua las amenazas de malos elementos que mancillan el arduo trabajo de las más de 58.000 damas y caballeros de la paz. / DIRCOM