Una adolescente de 17 años desapareció después de salir de su vivienda en compañía de su primo. Días después, su familia recibió llamadas y mensajes en los que exigían 50.000 dólares a cambio de devolverla con vida. Sin embargo, ocho días después, su cuerpo fue encontrado enterrado en una finca de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Lo que comenzó como una desaparición dio paso a una investigación por homicidio que revelaría un hecho particularmente doloroso: dos de los presuntos involucrados eran familiares de la víctima, su tío y su primo, quienes además son padre e hijo.
Todo comenzó el 16 de julio de 2025, cuando la adolescente salió de su domicilio acompañada de su primo. Desde ese momento, su familia perdió contacto con ella e inició una búsqueda marcada por la incertidumbre y la angustia.
Con el transcurso de los días, sus familiares recibieron llamadas y mensajes extorsivos. En estas comunicaciones les exigían el pago de 50.000 dólares, bajo la promesa de devolver a la adolescente con vida.
Aferrados a la esperanza de volver a verla, sus familiares realizaron pagos. Sin embargo, la adolescente nunca regresó a casa.
El 24 de julio de 2025, ocho días después de su desaparición, servidores policiales de la DINASED localizaron su cuerpo sin vida, enterrado en una finca del sector Colonia Velasco Ibarra, en la vía Santo Domingo–Quinindé.
Este hallazgo dio paso a una serie de diligencias investigativas orientadas a esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los presuntos responsables. Las investigaciones desarrolladas en coordinación con la Fiscalía General del Estado permitieron establecer la presunta participación de Matías L., de 51 años, tío de la víctima, y Johnny L., de 32 años, primo de la adolescente.
De acuerdo con los elementos recabados, ambos ciudadanos, quienes son padre e hijo, habrían intervenido en el traslado y ocultamiento del cuerpo, utilizando un vehículo vinculado a uno de los procesados para movilizarlo hasta el sector donde posteriormente fue encontrado enterrado.
La investigación permitió identificar como presuntos implicados a dos personas del propio círculo familiar de la adolescente, un elemento que añade especial gravedad a las circunstancias de este caso.
Las diligencias continuaron hasta que se emitieron las correspondientes órdenes judiciales para su detención.
Más de un año después, el 24 de octubre de 2026, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, ejecutó las operaciones “Cero Impunidad 34991” y “Cero Impunidad 34992”, en distintos sectores de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Mediante técnicas investigativas y acciones de localización, los equipos policiales lograron ubicar y detener a los dos ciudadanos, quienes eran requeridos por la justicia y se encuentran procesados por el delito de homicidio.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con las diligencias legales correspondientes.
Un año y tres meses después de la desaparición, el trabajo investigativo permitió localizar a dos de los presuntos involucrados en la muerte de una adolescente de apenas 17 años: su tío y su primo.
Este caso evidencia la importancia de la investigación criminal, el profesionalismo de los equipos especializados de la Policía nacional del Ecuador y el trabajo articulado con las autoridades judiciales para esclarecer hechos que atentan contra el derecho fundamental a la vida.
